Tarija

Hoy por la mañana el padre de una víctima de feminicidio registrado en el departamento de Tarija llegó a la ciudad de Sucre presentándose ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigir que esta instancia máxima del Órgano Judicial ratifique la sentencia de 30 años para que el presunto feminicida no pueda salir en libertad.

Según antecedentes del caso, los hechos se registraron el 12 de diciembre del 2012, el padre de la víctima, aclara que inicialmente se conoció que tras una discusión de la víctima con su concubino ella recibió una cortadura, al no ser auxiliada oportunamente por su concubino, perdió la vida, la víctima se encontraba en estado de gestación de 3 meses, durante 8 años la familia de la víctima peregrino buscando justicia para Sofía. El padre asegura que el acusado es sobrino del ex fiscal departamental del Tarija, y esto estaría influenciando en la autoridades judiciales de este departamento.

Faltando 40 días para el juicio oral fijado en contra de José Luis G.T., ex cónsul de Bolivia en Orán y ex funcionario de la Gobernación de Tarija, acusado de ejercer violencia psicológica y de inducir al suicidio a la modelo Ximena Ferrufino, un juez decidió hoy, en una audiencia virtual, extinguir el caso argumentando la “duración máxima del proceso penal”.
Esto significa que, “gracias a este beneficio otorgado por el juez Emerson Mostacedo Espada, el influyente ex funcionario gubernamental y departamental, José Luis G.T., ya no sería llevado al banquillo de los acusados el próximo 21 de octubre, pues el proceso penal en su contra fue anulado por durar demasiado y no porque él sea inocente. Estamos muy dolidos e indignados por tan descarada parcialización del juez y vamos a apelar”, adelantó Rosío Ferrufino, la hermana de Ximena.
Representantes de diferentes instituciones de defensa de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes de Bolivia ingresaron a la audiencia virtual de Excepción como veedoras, para verificar que no se cometieran irregularidades.
Tras oír la decisión del juez Macedo, las abogadas coincidieron en afirmar que “lo ocurrido es un retroceso y un precedente fatal para las víctimas de violencia, sean mujeres, niñas, niños o adolescentes”, por lo que anunciaron que se sumarán a la apelación, con la seguridad de que ganarán, pues ya existe jurisprudencia al respecto.
Tanto el abogado de la familia Ferrufino, como los representantes del Servicio Legal Municipal Integral (SLIM), del Ministerio Público y las abogadas de diferentes instituciones de defensa de derechos anunciaron que presentarán una apelación incidental para que un Tribunal de Alzada se pronuncie.
La abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres Mercedes Cortez lamentó que el Juez Emerson Macedo haya optado por atentar contra los derechos de las víctimas a acceder a la justicia, cuando la demora no fue provocada por ellas.
“Si bien el proceso penal ha durado 4 años y 6 meses, la demora fue causada primero por el Ministerio Público, durante la etapa preliminar que duró un año entero. Después, ha sido el mismo Tribunal de Tarija el que suspendió el juicio oral y causó una demora de un año porque tenía otras audiencias programadas en las mismas fechas. Pero nada de esto ha considerado el juez Macedo y escogió favorecer al acusado extinguiendo el proceso, sin pensar en que la víctima no tiene la culpa de todas esas demoras. No hubo una mirada objetiva ni una actitud responsable frente a la obligación que tienen de sancionar la violencia de género y no fomentar la impunidad. Le nombramos sentencias constitucionales al respecto, de aplicar con preferencia la Ley 348 y los tratados internacionales, pero no las consideró. El juez ya tenía una línea”.
La abogada Leonor Oviedo, de la Fundación Una Brisa de Esperanza explicó que, cuando se extingue la acción por el transcurso del tiempo, “se deja en desventaja jurídica y social a la víctima que, empujada por la violencia padecida, ha ingresado al sistema penal confiando en que será protegida por el principio de la tutela efectiva del Estado”.
Según el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, lo cual significa que, además, debe cumplirse. El mismo artículo señala que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
Pero, “con la decisión de extinguir este proceso por el homicidio suicidio de Ximena Ferrufino, el juez Macedo ha vulnerado este artículo traducido en la tutela efectiva del Estado. La víctima no es responsable de la demora. El responsable de cualquier demora es el sistema burocrático y ritualista del sistema penal”.
Además, Oviedo explicó que la extinción de un proceso solo favorece al agresor, en desmedro de la víctima que no ha logrado ejercer su derecho a la justicia y que el acusado tenga una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. “Este razonamiento está contemplado en sentencias constitucionales, en convenciones y tratados internacionales que, al parecer, el juez Macedo desconoce”. Las abogadas defensoras de derechos Brisa Angulo y Jessica Echeverría también coincidieron con estos argumentos.
ANTECEDENTES
El 1 de noviembre de 2020, se cumplirán cinco años de la muerte de la modelo e integrante de las Magníficas, Ximena Ferrufino Cueto. La joven se ahorcó en su casa, luego de salir con su novio, José Luis G.T. Tras una investigación, la Fiscalía halló suficientes evidencias de la comisión del delito homicidio-suicidio y lo acusó formalmente. Desde el 24 de agosto de 2018, la fecha de juicio se ha ido postergando una y otra vez, con distintas chicanas.
José Luis G.T. fue un alto funcionario de la Gobernación de Tarija y este año fue nombrado cónsul en Orán por el gobierno de Jeanine Añez, aunque fue inmediatamente cambiado al saberse que enfrentaba un proceso por violencia.
Según la acusación del Ministerio Público, él ejercía violencia psicológica contra la modelo, lo que la indujo a quitarse la vida. Por ello fue acusado por los delitos de homicidio-suicidio y violencia intrafamiliar.
El artículo 256 del Código Penal boliviano establece que cuando una persona cometa suicidio, como consecuencia de una situación de violencia, la agresora o agresor será sancionado con privación de libertad de diez (10) años.