El mundo, hasta principios de mayo, ha alcanzado la dramática suma de 3,2 millones de personas que han perdido la vida gracias a la pandemia y se sabe que los infectados están alrededor de 437 millones, estos números resultan ser una gran preocupación no sólo para los gobiernos, si no que las sociedades en todo el planeta se sienten desesperadas por encontrar soluciones estructurales a la situación que vivimos.

Por otro lado, el único esfuerzo mancomunado mundial para que las vacunas lleguen a más personas conocido como COVAX, ha distribuido alrededor de 50 millones de vacunas en unos 120 países, esta labor está muy lejos de la programación que se realizó para finales de este año, misma que se planteó distribuir 2.000 millones, con un especial énfasis en los países con dificultades económicas.

El 5 de mayo de 2021, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho pública su intención de suspender las patentes de las vacunas contra el Coronavirus, esto, a su vez, ha causado reacciones financieras en la bolsa de valores tras el anuncio, específicamente en las acciones de las principales farmacéuticas que están detrás de las investigaciones del inmunizante. Moderna retrocedido 6,19%; BioNtech, 3,45%; Novavax, 5%, mientras que la única no afectada habría sido Pfizer.

En Bolivia, el presidente Luis Arce ha sido enfático en la necesidad de liberar las patentes de las vacunas para que la humanidad y la crisis que estamos viviendo actualmente pueda ser combatida desde todos los países y se logre alcanzar porcentajes mayores al 70% de inmunizados lo antes posible, siendo esta la única manera de que la pandemia sea controlada y, de esta forma, primen los intereses de los que habitamos el planeta sobre el de los inversores de la investigación de la vacuna.

En esta línea, el eurodiputado Antoni Comín i Oliveres, miembro de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, ha sido contundente al afirmar que de los 14.000 millones de euros que costó la investigación de la vacuna, 8.000 provienen de arcas públicas, de impuestos pagados por contribuyentes; esto deja claro que las inversiones fueron generadas por gobiernos, en buena parte, y no por privados, únicamente; a su vez, implica que las vacunas tienen como inversores a los habitantes de muchos países, convirtiendo a la vacuna en un bien prácticamente público.

La propuesta de liberar patentes tiene que ver con la suspensión de articulados de reglamentos de la Organización Mundial del Comercio OMC (por lo menos temporalmente), que ocasionaría que países y empresas que no participaron en la investigación para la vacuna, puedan producir la misma, sin que esto implique compensaciones de ningún tipo para con inversores y/o investigadores.

De los casos más críticos y que han obligado a pensar sobre el grado de mercantilización de la vacuna, es el de la India, ya que este país se considera uno de los principales productores de la vacuna contra el COVID; sin embargo, millones de sus habitantes no han sido vacunados, al mismo tiempo que se sufre una crisis de insumos.

La disyuntiva para el planeta está dada, se orilla en favor de los intereses de emporios empresariales que se encuentran salvaguardando sus beneficios económicos o empieza una cruzada por la vida de sus habitantes, entendiendo a la vacuna no sólo como una mercancía, sino como una oportunidad para brindar un ejemplo para las generaciones venideras, mostrando un momento en el que nos pudimos poner de acuerdo para ubicar por encima de cualquier interés la supervivencia de la raza humana.